El dispositivo aéreo del Ministerio de Transición Ecológica para ayudar a las comunidades autónomas a luchar contra los incendios contará este verano al menos con seis aviones menos de los previstos por el departamento de Teresa Ribera en enero. Después de un proceso de licitación fallido porque solo se hizo una oferta en un contexto de mucha competencia internacional y subida de precios, el Gobierno central sólo podrá poner a disposición de los gobiernos regionales que los requieran 12 de los 18 aviones con los que contaba, gracias a una ronda de contratos de emergencia celebrados a última hora y con los que hace unas semanas se logró hacer acopio de los otros 26 helicópteros previstos, por un precio más elevado y solo hasta octubre, en lugar del contrato por tres años que se intentó cerrar en febrero.
Transición Ecológica ha tenido que hacer acopio de estos medios durante el mes de junio y mediante contratos de emergencia, después de que fracasara la licitación que lanzó en enero y a la que, cuando cerró un mes después, solo se presentó una empresa con dos aviones para cubrir uno de los 20 lotes en los que se dividió una prestación de servicios que, en principio se planteó para tres años. Inexplicablemente a ojos del sector, decidió no elaborar nuevos pliegos y dejó pasar el tiempo hasta junio para contratar por procedimiento de emergencia uno medios aéreos no estarán disponibles más que hasta el próximo mes de octubre, mientras el sector espera que en breve el Ministerio lance otra licitación a más largo plazo.
Para este verano, por tanto, el Ministerio solo aportará 12 de los 18 aviones que tenía previstos. Según ha podido saber este periódico, se repartirán por las distintas bases que hay por todo el país cuatro aviones anfibios AT-802, y seis aviones terrestres AT 802. Los primeros tienen capacidad de carga de agua en embalses, con depósito de agua de 2.500 litros como mínimo, aunque también puede cargarla en infraestructuras terrestres si es necesario. Los segundos, solo pueden cargar hasta 2.500 litros en estructuras terrestres pero pueden alcanzar una elevada velocidad que les permite actuar con una mayor eficacia en los momentos iniciales de los incendios, además de que también pueden cargar sustancias extintoras distintas al agua, como retardantes.
Al lote de aviones se suman dos modelos Trush Commander, aviones monomotor turbohélice de carga en tierra de como mínimo 2.000 litros de agua.
Del listado final de aviones disponibles por parte de Ministerio se han caído otros otros cuatro aviones anfibios y otros dos aviones de carga en tierra que figuraban en el proceso de licitación que se lanzó a principios de año. Además, estos estos 12 aviones finalmente disponibles podrían ser menos todavía. Fuentes del sector advierten de que cinco de los terrestres están "en duda", ya que no tienen autorización para operar en España porque son aviones extranjeros.
En cuanto a los helicópteros, hace unas semanas que, también entrado junio, Ribera consiguió cerrar contratos de emergencia para disponer de las 26 naves que se había planteado en enero y entre las que este año no hay ningún modelo Kamov, de factura rusa, el mejor de su clase y sometido a sanciones de la UE por la guerra de Ucrania, que impide a las empresas europeas comprarlos nuevos o importar piezas para su mantenimiento. Según apuntan en el sector, en unos años España ha pasado de tener ocho helicópteros de este modelo a no disponer de ninguno.
Más competencia en el mercado antiincendio
De este modo, el dispositivo antiincendios del Gobierno central para este verano constará de 38 en lugar de 46 aeronaves, entre aviones y helicópteros, para engrosar alrededor de dos centenares de los que disponen las comunidades autónomas, que también contratan mayoritariamente con las empresas asociadas en el mayor colectivo del sector, la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias (Ataire), que lleva años denunciando los bajos precios que tanto Ministerio como gobiernos regionales ofrecen por sus servicios justo en un momento en el que el mercado internacional registra una mayor competencia. El cambio climático está provocando más situaciones de sequía en países que antes no registraban incendios, como los del norte de Europa pero también Portugal o Turquía, por ejemplo, que ahora buscan denodadamente contratar aviones y helicópteros para extinguirlos. Este sector en España ha sido siempre muy puntero y vienen a buscarlos aquí, tanto naves como pilotos, dispuestos a pagar precios más altos de los que hasta ahora han ofrecido las administraciones españolas.
A estos medios se suma el lote para la lucha contra los incendios forestales propiedad del Ejército del Aire pero que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica, formado por 14 aviones tipo Canadair con capacidad para descargar entre 5.500 y 6.000 litros de agua, varios miles más que las naves que Transición Ecológica y comunidades contratan con empresas privadas. Precisamente, hace unos días, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el teniente general Julio Nieto, y representantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) aprobaron los acuerdos de operación y mantenimiento de esta flota antiincendios.
Mejores bases y condiciones laborales
Por otra parte, Transición Ecológica va a invertir 50 millones para modernizar e incluso construir nuevas bases donde se despliegan las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Según dijo este viernes durante una visita a una de ellas, la de La Iglesuela, en Toledo, "abordamos en estos momentos un plan de inversión para construir unas nuevas bases adaptadas a las nuevas condicione de las diez brigadas que tenemos repartidas en el territorio". Esta inversión "se traducirá en que que cada brigada va a tener una nueva base de operaciones acordes a las capacidades que se demandan en el siglo XXI en la intervención antiincendios".
Por otra parte, Morán ha reiterado la intención del Ministerio de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan tanto en la prevención como en extinción de incendios y ha adelantado que se espera que en julio termine la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de bomberos forestales y que el Congreso dé el visto bueno a una ley para reconocer, regular y mejorar sus condiciones de trabajo que, por ejemplo, limita el tiempo de trabajo frente al fuego.
A su lado, el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha valorado la "coordinación" entre Ministerio y comunidades autónomas cuando se declara un incendio que requiere de la intervención de medios del Gobierno central y ha elevado hasta 29 aeronaves las que tiene contratadas su gobierno regional. A pesar de que, ha dicho, la campaña de incendios "ha empezado de una forma razonablemente buena" porque "la lluvia nos está dando un respiro", ha señalado que en junio hubo 35 incendios en los que se quemaron 70 hectáreas en esta comunidad. Según datos de Transición Ecológica, entre enero y octubre de 2023, ardieron en España casi 84.500 hectáreas en 7.320 incendios, un 24% menos que el año anterior. En su mayoría, fueron incendios de menos de una hectárea -además de 5.100 conatos- pero también se registraron 19 grandes incendios, en los que la superficie afectada fue superior a 500 hectáreas.
De cara al verano recién empezado de este año, Almodóvar ha lanzado un mensaje claro. "Hay riesgo de incendios forestales" y ha pedido a los ciudadanos "que se impliquen y colaboren en la prevención y extinción de incendios forestales".
Comentarios